El control de los medios por la dictadura fue un proceso gradual directamente proporcional a la magnitud de los hechos que se quería legitimar, u ocultar y mantener impunes, así como a la necesidad de reelegir indefinidamente a Fujimori. Al final de su gobierno, la mafia había suprimido de facto la libertad de prensa a los efectos de perpetuar el régimen corrupto. El control de los medios fue evidente y denunciado en múltiples oportunidades, por lo que no es verosímil que el principal beneficiado de dicho control haya desconocido esta situación. Fujimori intenta hacer creer que él vivía en otro país, sin leer periódicos ni ver televisión. argentino Daniel Borobbio, hoy prófugo de la justicia peruana en vías de ser extraditado. Las señales de televisión abierta y los diarios sensacionalistas que proliferaron en esos años se convirtieron en el canal privilegiado de comunicación política con las clases populares, dada la práctica desaparición de los partidos políticos, los gremios y los sindicatos. La figura presidencial fue la única con plena cobertura de prensa. Se censuró y atacó sistemáticamente - a través de la prensa amarilla - a todo líder opositor que pudiera ganar protagonismo político.
Ante la ausencia de una ideología que convoque a la ciudadanía en torno a un proyecto político, desde un inicio la popularidad del gobierno fujimorista se sustentó en la difusión de la imagen presidencial por los medios de comunicación. Se estudió, diseñó e implementó un vínculo emotivo entre la población y el mito de un líder brillante, único e imprescindible para la conducción del país. En ello jugó un rol central el publicista.
El gobierno de Fujimori necesitó de la complacencia y la buena voluntad de los medios de comunicación. Cuando fue perdiendo su apoyo y la popularidad de Fujimori fue sintiendo el impacto de algunos periodistas independientes que empezaron a denunciar el autoritarismo, la corrupción y las violaciones de derechos humanos, el régimen intervino directamente para asegurarse el control de los medios, principalmente a través de la corrupción.
En apariencia había libertades de prensa, expresión y empresa. En realidad, había una sistemática intervención inconstitucional y antidemocrática del aparato estatal en los medios de comunicación.
La manipulación mediática del régimen se concentró en los segmentos más pobres y mayoritarios de la población. Al final de la dictadura todos los canales de señal abierta estaban controlados, produciéndose groseras distorsiones de la realidad.
Así, durante la campaña electoral del año 2000, los medios prácticamente solo cubrieron al candidato Fujimori, generando en última instancia el retiro de las misiones de observadores electorales de la OEA y del Centro Carter.
El día que fue mostrado el vídeo Kouri- Montesinos (en el que el segundo compraba al primero para la bancada oficialista del Congreso), solo dos medios televisivos de los seis de señal abierta informaron del mismo, uno de ellos como una noticia de interés secundario entre los sucesos del día.
La expropiación de Frecuencia Latina (Canal 2)
En 1996 y 1997 el programa periodístico 'Contrapunto' que transmitía Frecuencia Latina asumió una posición de fiscalización del régimen de Fujimori: congresistas y periodistas de oposición, incluyendo a Javier Pérez de Cuellar, quien se enfrentara a Fujimori en las elecciones presidenciales de 1995.
- Propaló la denuncia de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano', respecto de vínculos entre el narcotráfico y el gobierno de Fujimori.
- Propaló la denuncia de Leonor La Rosa, una ex agente del servicio de inteligencia torturada, presuntamente por haber filtrado a la prensa informes sobre las actividades que desarrollaban esos servicios contra periodistas opositores.
- La denuncia del asesinato y descuartizamiento de otra agente del servicio de inteligencia, Mariela Barreto, hecho que también fue propalado por el Canal 2.
- Canal 2 dio otro golpe al gobierno de Fujimori, al presentar una declaración jurada de ingresos de Vladimiro Montesinos por US$ 80,000 mensuales, en contradicción con lo señalado por el propio presidente Fujimori en el sentido que su asesor solo ganaba S/ .2,000 (US$ 600, aproximadamente) al mes.
- Finalmente, el Canal 2 propaló unas grabaciones que el SIN había hecho a conversaciones telefónicas realizadas por políticos, La respuesta del gobierno de Fujimori a estas denuncias fue un arbitrario procedimiento administrativo en la Dirección Nacional de Migraciones y Naturalización del ministerio del Interior, que culminó con el retiro de la nacionalidad peruana de Baruch Ivcher (de origen israelí), accionista mayoritario y Director Ejecutivo del canal. La consecuencia, habida cuenta que la Ley de Telecomunicaciones impide a los extranjeros ser propietarios de medios de comunicación en el Perú, fue que los hermanos Mendel y Samuel Winter (hoy encarcelados por recibir dinero de Vladimiro Montesinos, según consta en sendos 'vladivideos') asumieron el control del canal y suprimieron cualquier sesgo opositor o fiscalizador del gobierno de Fujimori, convirtiendo a Frecuencia Latina en vocero de la dictadura. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2000 dictaminó que a Baruch Ivcher debería devolvérsele la nacionalidad peruana y el control de su canal.
